El Artículo 19, Nº 8 de la Constitución Política de Chile establece para los ciudadanos "el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente".
Como vivimos en un estado de derecho, los poderes se deben regir y someter a las reglas formales establecidas en la Constitución y las leyes, y las autoridades imperativamente deben interpretar y aplicar estas disposiciones congruentemente con el interés público. Y sin embargo para un ciudadano común y corriente, interesado en los problemas ambientales, resulta cada vez más difícil entender como se aplica la legislación relativa al entorno y entender los acomodos de geometría variable para adaptarla a las condiciones o intereses de parte, que pasan con frecuencia por el pisoteo sistemático del precepto Constitucional indicado.
Existe el sentimiento general que una vez que una empresa, con sede en algún lugar del mundo, toma la decisión de invertir en Chile - en minería, energía o en cualquier otro sector productivo - nada ni nadie puede revertir o frenar esta decisión. ¡Que la legislación o la reglamentación no permiten el proyecto! no importa, las reglas se adaptan o se modifican adecuándolas al interés del inversor para no contrastar sus objetivos o intereses.
Un ejemplo de esto lo hemos visto en las presiones que la transnacional energética norteamericana AES Gener efectuó a través del embajador Paul Simons de Estados Unidos, para revertir los problemas derivados de un veredicto de la Corte Suprema que obligó a paralizar las obras de construcción de la central Campiche en Puchuncaví. Como el fallo de la Suprema estableció que el lugar de implantación era área verde y por tanto la central no podía construirse allí, la solución pasó simplemente por una resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modificó las condiciones de uso del suelo.
Ahora, cuando que se hacen públicos los graves problemas de contaminación en esa comuna con el caso de la escuela de La Greda como la punta del iceberg, es bueno recordar cuanto indicado por la Corte Suprema en su fallo de junio de 2009: “… la eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Es paradójico que la respuesta del Estado, en vez de adecuarse el Artículo 19 Nº 8 de la Constitución, haya sido hacer “legal” el uso del suelo y no de eliminar el o los factores contaminantes de la comuna, que muchos han señalado con causante de la muerte de numerosos trabajadores por intoxicación con metales pesados.
Hace unos pocos días, la COREMA de Atacama aprobó la instalación de la gigantesca central termoeléctrica Castilla, propiedad del grupo brasilero MPX, luego que el actual Seremi de Salud revirtiera una anterior calificación ambiental. La Seremi de Salud del gobierno Bachelet Sra. Maria Merino Goycoolea, declaró el proyecto “contaminante” (y por lo tanto inviable) en enero 2010.
Aunque en este caso no hay cables de Wikileaks que cuenten los entretelones, las presiones parecen evidentes, puesto que la prensa informa que el tema fue tratado por los ministros de RREE de Brasil Celso Amorim y de Chile Mariano Fernández en febrero 2010. Cinco meses más tarde, en julio 2010, el nuevo Seremi de Salud del gobierno Piñera, Raúl Martínez Guzmán, modificó la decisión de su predecesora, calificando el proyecto como “molesto” es decir “viable”, modificación que la Corte Suprema declaró improcedente en un fallo de noviembre de 2010.
Ante ese fallo, el empresario Aike Batista, cabeza de MPX, habría afirmado que la "decisión de la Corte Suprema de Chile permite retomar el proceso ambiental de Castilla" (sic), mientras el Gerente General para Chile sostuvo que “tras analizar el fallo y ver que se abre una opción para que se resuelva, en Brasil se quedaron más tranquilos", agregando "tenemos la certeza de que el gobierno quiere que este proyecto siga adelante". Así llegamos a la decisión del tercer Seremi implicado en el proceso, el Sr. Nicolás Baeza Prieto, quién rebate el juicio de la Suprema y confirma la calificación de Martínez Guzmán, dando luz verde definitiva a la aprobación del proyecto, gracias también a un “arreglo” entre MPX y el principal opositor.
Más allá de las argumentaciones jurídicas y reglamentarias que enmarcan este y otros procesos de evaluación ambiental, resulta difícil entender como puede ser calificado sólo como “molesto” un proyecto que succionará del mar 273 millones de litros de agua por hora, que a lo largo de su vida útil emitirá miles de toneladas de gases contaminantes incluyendo óxidos de nitrógeno (llamados NOx), monóxido y dióxido de carbono (CO2, el famoso gas invernadero), dióxido de azufre y material particulado en general, además de producir unos 25 millones de metros cúbicos de cenizas que serán depositadas en una plataforma de 125 hectáreas.
Se afirma que todos los parámetros están dentro de las normas, lo que no cambia el fondo del problema, porque la dimensión de la planta generadora, la más grande de Sudamérica se dice, producirá globalmente también, una grandísima contaminación de masa toda concentrada en el mismo lugar. Por último, lo que aparece evidente también en este caso, es que un privado (MPX) se colude con el Gobierno de turno, para hacer frente a la opinión pública opuesta al proyecto, adecuando la calificación ambiental del proyecto.
En otro punto del globo, el gigante energético italiano ENEL, que es dueño de un 96% de los derechos de agua de Aysén, concedidos gratuitamente a Endesa por el gobierno agónico del Gral. Pinochet, decide construir dos represas en el Baker, uno los más bellos ríos patagónicos. Tarde se dan cuenta los empresarios que una de las riberas donde debe apoyarse la represa Baker II hace parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero ¡que importa! rápidamente la Conaf cambia la destinación de esa área de Parque Nacional a área fiscal, modificando los planos del área, como denuncia la CODEFF regional. Así se pudieron efectuar en esa parte los estudios de prospección geológica y seguramente se aplanó el camino para cuando sea dada luz verde definitiva a las represas que inundarán una parte del Parque y también miles de hectáreas de la región.
Mucho mas cerca de nosotros, se encuentra al estado de “exploración”, el proyecto Catanave promovido por la Southern Copper Corporation (SCC), empresa minera propiedad de la transnacional mexicana GMéxico, quién posee un 80% de las acciones. Según la COREMA regional, el proyecto se ubica dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, señalada curiosamente por el Director de la Conama Sr. Juan Carlos Flores Flores, citando el D. S. 29 del Ministerio de Agricultura, de 1983, como “área de interés científico para la minería”. Aunque se puede suponer que la “exploración” que la SCC llevará a cabo en el área designada no tendrá un impacto significativo sobre el medio ambiente de la Reserva - lo que es seguramente discutible - cabe preguntarse que sentido tiene hacer estas prospecciones, si nunca se podrá instalar una “explotación” minera en esa área, puesto que su carácter de Reserva lo impide. Aunque la “exploración” pueda ser a juicio del director de la Conama de “interés científico”, es evidente que la “explotación” nunca lo será. La respuesta la encontramos en las declaraciones del Presidente Piñera, ratificadas por el Seremi regional, en cuanto a que se desafectarán miles de hectáreas de los parques regionales para la minería, hecho ya denunciado por Flavia Liberona de Terram en un artículo publicado en El Mostrador a fines del año pasado.
Tenemos una institucionalidad a la que repugna la participación ciudadana, y un sistema político que le teme al poder de la sociedad civil. A las elecciones directas de los representantes populares prefiere un sistema binominal y los acuerdos partidarios. A las decisiones consensuadas con las mayorías y a la consulta popular, prefiere el lobby, los contubernios de pasillo y cuando es necesario, los acuerdos discretos en los salones reservados de la diplomacia internacional.
Tenemos una Constitución que, en la letra, protege el medio ambiente y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, pero el poder de las corporaciones y la genuflexión del Gobierno se sobrepone a estas disposiciones, como que queda en evidencia en los casos presentados, al punto que se puede suponer - como ha sucedido en el pasado - que existen intereses que unen con una línea invisible el poder político con el poder económico. Alguien pedirá pruebas. Las pruebas están en el contexto en el cual se dan los acuerdos, independientemente si son o no son admisibles en las cortes de justicia. También están en la posición flexible y acomodaticia de los representantes del Ejecutivo, sean ministros, coremas, conamas, intendentes, gobernadores, etc. que toman abierto partido por los inversionistas, en vez de situarse en su lugar de árbitros de lo que debiera ser una disputa entre privados: por una parte los ciudadanos y sus representantes y por otra, las empresas y los inversionistas.
Se afirma que si no se actúa así, es decir si el Gobierno no se hace parte y no defiende los intereses de los inversionistas, nadie querría invertir en Chile (no en balde el Presidente Piñera debió invitar a los gremios empresariales a un almuerzo “explicativo”, días después que decidiera impugnar, al margen de toda institucionalidad, la construcción de la central termoeléctrica Barrancones). Este es seguramente de un argumento falaz. No son los Estados que se arrodillan para atraer a los inversionistas los que consiguen el desarrollo, sino los que muestran una actitud digna y reglas claras que no se adapten exclusivamente a los intereses del inversionista, sino que protejan a sus ciudadanos y el medio ambiente, como parte de la calidad de vida a que todos aspiramos.
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Existe el sentimiento general que una vez que una empresa, con sede en algún lugar del mundo, toma la decisión de invertir en Chile - en minería, energía o en cualquier otro sector productivo - nada ni nadie puede revertir o frenar esta decisión. ¡Que la legislación o la reglamentación no permiten el proyecto! no importa, las reglas se adaptan o se modifican adecuándolas al interés del inversor para no contrastar sus objetivos o intereses.
Un ejemplo de esto lo hemos visto en las presiones que la transnacional energética norteamericana AES Gener efectuó a través del embajador Paul Simons de Estados Unidos, para revertir los problemas derivados de un veredicto de la Corte Suprema que obligó a paralizar las obras de construcción de la central Campiche en Puchuncaví. Como el fallo de la Suprema estableció que el lugar de implantación era área verde y por tanto la central no podía construirse allí, la solución pasó simplemente por una resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modificó las condiciones de uso del suelo.
Ahora, cuando que se hacen públicos los graves problemas de contaminación en esa comuna con el caso de la escuela de La Greda como la punta del iceberg, es bueno recordar cuanto indicado por la Corte Suprema en su fallo de junio de 2009: “… la eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Es paradójico que la respuesta del Estado, en vez de adecuarse el Artículo 19 Nº 8 de la Constitución, haya sido hacer “legal” el uso del suelo y no de eliminar el o los factores contaminantes de la comuna, que muchos han señalado con causante de la muerte de numerosos trabajadores por intoxicación con metales pesados.
Hace unos pocos días, la COREMA de Atacama aprobó la instalación de la gigantesca central termoeléctrica Castilla, propiedad del grupo brasilero MPX, luego que el actual Seremi de Salud revirtiera una anterior calificación ambiental. La Seremi de Salud del gobierno Bachelet Sra. Maria Merino Goycoolea, declaró el proyecto “contaminante” (y por lo tanto inviable) en enero 2010.
Aunque en este caso no hay cables de Wikileaks que cuenten los entretelones, las presiones parecen evidentes, puesto que la prensa informa que el tema fue tratado por los ministros de RREE de Brasil Celso Amorim y de Chile Mariano Fernández en febrero 2010. Cinco meses más tarde, en julio 2010, el nuevo Seremi de Salud del gobierno Piñera, Raúl Martínez Guzmán, modificó la decisión de su predecesora, calificando el proyecto como “molesto” es decir “viable”, modificación que la Corte Suprema declaró improcedente en un fallo de noviembre de 2010.
Ante ese fallo, el empresario Aike Batista, cabeza de MPX, habría afirmado que la "decisión de la Corte Suprema de Chile permite retomar el proceso ambiental de Castilla" (sic), mientras el Gerente General para Chile sostuvo que “tras analizar el fallo y ver que se abre una opción para que se resuelva, en Brasil se quedaron más tranquilos", agregando "tenemos la certeza de que el gobierno quiere que este proyecto siga adelante". Así llegamos a la decisión del tercer Seremi implicado en el proceso, el Sr. Nicolás Baeza Prieto, quién rebate el juicio de la Suprema y confirma la calificación de Martínez Guzmán, dando luz verde definitiva a la aprobación del proyecto, gracias también a un “arreglo” entre MPX y el principal opositor.
Más allá de las argumentaciones jurídicas y reglamentarias que enmarcan este y otros procesos de evaluación ambiental, resulta difícil entender como puede ser calificado sólo como “molesto” un proyecto que succionará del mar 273 millones de litros de agua por hora, que a lo largo de su vida útil emitirá miles de toneladas de gases contaminantes incluyendo óxidos de nitrógeno (llamados NOx), monóxido y dióxido de carbono (CO2, el famoso gas invernadero), dióxido de azufre y material particulado en general, además de producir unos 25 millones de metros cúbicos de cenizas que serán depositadas en una plataforma de 125 hectáreas.
Se afirma que todos los parámetros están dentro de las normas, lo que no cambia el fondo del problema, porque la dimensión de la planta generadora, la más grande de Sudamérica se dice, producirá globalmente también, una grandísima contaminación de masa toda concentrada en el mismo lugar. Por último, lo que aparece evidente también en este caso, es que un privado (MPX) se colude con el Gobierno de turno, para hacer frente a la opinión pública opuesta al proyecto, adecuando la calificación ambiental del proyecto.
En otro punto del globo, el gigante energético italiano ENEL, que es dueño de un 96% de los derechos de agua de Aysén, concedidos gratuitamente a Endesa por el gobierno agónico del Gral. Pinochet, decide construir dos represas en el Baker, uno los más bellos ríos patagónicos. Tarde se dan cuenta los empresarios que una de las riberas donde debe apoyarse la represa Baker II hace parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero ¡que importa! rápidamente la Conaf cambia la destinación de esa área de Parque Nacional a área fiscal, modificando los planos del área, como denuncia la CODEFF regional. Así se pudieron efectuar en esa parte los estudios de prospección geológica y seguramente se aplanó el camino para cuando sea dada luz verde definitiva a las represas que inundarán una parte del Parque y también miles de hectáreas de la región.
Mucho mas cerca de nosotros, se encuentra al estado de “exploración”, el proyecto Catanave promovido por la Southern Copper Corporation (SCC), empresa minera propiedad de la transnacional mexicana GMéxico, quién posee un 80% de las acciones. Según la COREMA regional, el proyecto se ubica dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, señalada curiosamente por el Director de la Conama Sr. Juan Carlos Flores Flores, citando el D. S. 29 del Ministerio de Agricultura, de 1983, como “área de interés científico para la minería”. Aunque se puede suponer que la “exploración” que la SCC llevará a cabo en el área designada no tendrá un impacto significativo sobre el medio ambiente de la Reserva - lo que es seguramente discutible - cabe preguntarse que sentido tiene hacer estas prospecciones, si nunca se podrá instalar una “explotación” minera en esa área, puesto que su carácter de Reserva lo impide. Aunque la “exploración” pueda ser a juicio del director de la Conama de “interés científico”, es evidente que la “explotación” nunca lo será. La respuesta la encontramos en las declaraciones del Presidente Piñera, ratificadas por el Seremi regional, en cuanto a que se desafectarán miles de hectáreas de los parques regionales para la minería, hecho ya denunciado por Flavia Liberona de Terram en un artículo publicado en El Mostrador a fines del año pasado.
Tenemos una institucionalidad a la que repugna la participación ciudadana, y un sistema político que le teme al poder de la sociedad civil. A las elecciones directas de los representantes populares prefiere un sistema binominal y los acuerdos partidarios. A las decisiones consensuadas con las mayorías y a la consulta popular, prefiere el lobby, los contubernios de pasillo y cuando es necesario, los acuerdos discretos en los salones reservados de la diplomacia internacional.
Tenemos una Constitución que, en la letra, protege el medio ambiente y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, pero el poder de las corporaciones y la genuflexión del Gobierno se sobrepone a estas disposiciones, como que queda en evidencia en los casos presentados, al punto que se puede suponer - como ha sucedido en el pasado - que existen intereses que unen con una línea invisible el poder político con el poder económico. Alguien pedirá pruebas. Las pruebas están en el contexto en el cual se dan los acuerdos, independientemente si son o no son admisibles en las cortes de justicia. También están en la posición flexible y acomodaticia de los representantes del Ejecutivo, sean ministros, coremas, conamas, intendentes, gobernadores, etc. que toman abierto partido por los inversionistas, en vez de situarse en su lugar de árbitros de lo que debiera ser una disputa entre privados: por una parte los ciudadanos y sus representantes y por otra, las empresas y los inversionistas.
Se afirma que si no se actúa así, es decir si el Gobierno no se hace parte y no defiende los intereses de los inversionistas, nadie querría invertir en Chile (no en balde el Presidente Piñera debió invitar a los gremios empresariales a un almuerzo “explicativo”, días después que decidiera impugnar, al margen de toda institucionalidad, la construcción de la central termoeléctrica Barrancones). Este es seguramente de un argumento falaz. No son los Estados que se arrodillan para atraer a los inversionistas los que consiguen el desarrollo, sino los que muestran una actitud digna y reglas claras que no se adapten exclusivamente a los intereses del inversionista, sino que protejan a sus ciudadanos y el medio ambiente, como parte de la calidad de vida a que todos aspiramos.
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